Otros dos periodistas del diario LA NACION reconocieron este martes los cuadernos de las coimas escritos por el chofer Oscar Centeno al declarar como testigos en el juicio oral del caso.Primero lo hizo Santiago Nasra, que colaboró en la investigación que lideró Diego Cabot; y luego Héctor Guyot, profesor y periodista del medio desde hace más de 20 años, que tomó contacto con el material durante el desarrollo del trabajo periodístico.Ambos afrontaron preguntas de todas las partes y, al final de su testimonial, les fueron exhibidos los cuadernos, en poder del Tribunal Oral Federal 7. “Sí. Se ve igual. Misma letra, mismo formato, con las líneas, todo”, ratificó Nasra, mientras un integrante del tribunal le exhibía el material con guantes.Tras el comunicado de Pro contra el gobierno de Javier Milei, el expresidente Mauricio Macri acelera su reaparición en la escena pública y encabezará un acto partidario en Vicente López. Este viernes se mostrará junto a dirigentes del conurbano en el marco de su gira Próximo Paso y buscará sortear el malestar interno que generó la publicación inconsulta en un territorio donde el sello amarillo busca acordar con La Libertad Avanza (LLA).La reaparición del titular de Pro estaba prevista, desde hace semanas, para el 22 de mayo, cuando visitará Mendoza y participará de un acto partidario con dirigentes de la región de Cuyo, La Rioja y Catamarca. La semana pasada, sin embargo, se decidió sumar a su agenda un encuentro en Vicente López con dirigentes amarillos del conurbano. La convocatoria abarca a intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares de esta zona de la provincia.En medio de los preparativos para esa cumbre, Macri agitó los ánimos al interior del partido tras publicar, el domingo pasado, un comunicado oficial con críticas a la Casa Rosada. “Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, decía el texto difundido a través de la cuenta oficial de Pro en X.El Gobierno aumentará la bonificación para usuarios con subsidios y analiza distribuir en cuotas —a partir de la primavera, cuando baja el consumo residencial— el mayor costo de importar gas natural licuado (GNL) durante el invierno, al tiempo que contiene el alza de los precios internacionales del petróleo para amortiguar el salto del precio de la nafta.La gestión de Javier Milei se define como liberal, pero en materia energética es, ante todo, pragmático. El alza de precios desatada por el conflicto en Medio Oriente encontró al oficialismo en un momento de mayor fragilidad política: escándalos de corrupción, una inflación que ronda el 3% mensual y una actividad económica que no repuntó en el primer trimestre del año.En ese contexto, el Gobierno tomó una serie de medidas para amortiguar el impacto de la disparada del petróleo y el gas que, en todos los casos, implicaron algún grado de intervención en el mercado.El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a cuestionar públicamente a los medios. Esta vez, el detonante fue una explicación del periodista Luis Novaresio sobre el coeficiente de Gini, indicador elaborado por el Indec que mide la desigualdad en la distribución del ingreso: cuanto más cerca de cero, mayor igualdad; cuanto más próximo a uno, mayor desigualdad.El índice no registró cambios bruscos en los últimos años, aunque mostró una leve baja en el cuarto trimestre de 2025, cuando se ubicó en 0,427, frente al 0,430 del mismo período de 2024.La serie publicada por el Indec refleja, además, que durante la gestión de Milei las variaciones fueron moderadas. En el primer trimestre de 2024, el coeficiente había alcanzado 0,467, apenas por encima del último dato difundido.El fiscal Gerardo Pollicita desestimó la denuncia del Gobierno contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno por realizar filmaciones dentro de la Casa Rosada con “lentes inteligentes”, un dispositivo con forma de anteojos que permite grabar.La denuncia había sido promovida por la Casa Militar, con el argumento de que los periodistas habían puesto en riesgo la seguridad nacional al filmar, de forma subrepticia, el interior de la casa de gobierno.Había personas con guardapolvos blancos, profesores y grupos de amigos. Al igual que en la primera marcha universitaria, los ciudadanos se acercaron a Plaza de Mayo desde todos los laterales. Una vez más, allí estaban apostados los gremios y organizaciones sindicales. Los pasacalles firmados por el Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) mostraban un mensaje claro: “Milei, cumplí la ley”. El reclamo en defensa de la educación pública seguía intacto, pero la convocatoria fue visiblemente menor.DESCUBRÍ EL CÁLCULO REALIZADO POR LA NACION ACÁ.Según un cálculo de LA NACION, marcharon 120.000 personas, una cifra que queda lejos de la primera convocatoria universitaria para exigir fondos al Gobierno: en aquella ocasión, en abril de 2024, la plaza se colmó con 430.000 asistentes. Tampoco logró acercarse al número de la segunda movilización, en octubre de ese mismo año, cuando participaron 270.000 personas.El juez federal Ariel Lijo requirió información a empresas que mantienen vínculos comerciales con el Estado y que habrían contratado servicios de “coaching ontológico” de la consultora de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.Así lo indicaron a LA NACION fuentes judiciales que trabajan en el caso, nacido a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, en la que se sugiere la existencia de presuntas negociaciones incompatibles.Las empresas apuntadas por la denuncia, a las que Lijo solicitó información por haber contratado los servicios de la consultora de Angeletti, son Grupo Dacto, Foggia Group y National Shipping.El Gobierno envió hoy al Senado una nueva tanda de siete pliegos judiciales que se sumarán a los 45 candidatos a jueces y fiscales federales que remitió el lunes, con muchos candidatos a ocupar tribunales en el interior del país, que era lo que venían solicitando los bloques dialoguistas.Mientras tanto, este miércoles se realizará la cuarta audiencia en la Comisión de Acuerdos ante la que desfilará una nueva tanda de 14 candidatos a diferentes cargos judiciales. Son parte del paquete de 77 nombramientos impulsados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.Mientras la Plaza de Mayo se poblaba de militancia universitaria y lucía decorada con pancartas de agrupaciones docentes y estudiantiles, en los alrededores del epicentro de la Marcha Federal Universitaria marcaron territorio los sindicatos y los partidos políticos opositores a La Libertad Avanza, que en su mayoría optaron por mantenerse fuera de la plaza y concentrar a sus dirigentes sobre la Avenida de Mayo y la Diagonal Sur.El corazón de la plaza fue para las organizaciones estudiantiles y gremios universitarios, los impulsores del reclamo contra el Gobierno por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Se mezclaron entre ellos los gremios docentes de las centrales obreras vinculados a la educación. De hecho, sus dirigentes también fueron invitados al escenario como oradores.El diputado libertario Sebastián Pareja (Buenos Aires) fue elegido esta tarde presidente de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, avanzó un casillero más en su disputa de poder con el asesor presidencial Santiago Caputo.Esto es así porque a partir de ahora será una persona de confianza de la hermana presidencial la que tendrá en sus manos el control de las acciones y de los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), coto de caza político de Caputo que conduce el contador Cristian Auguadra.Poco antes del comienzo de la Marcha Federal Universitaria, que buscó que la administración de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, en la Casa Rosada se volvió a reunir la mesa política en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.El cónclave duró dos horas y 15 minutos y, a diferencia de otras oportunidades, no hubo foto. Y tampoco estuvo Santiago Caputo. “Fue ausente con aviso, por un tema de agenda”, dijeron cerca del asesor presidencial. En tanto, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, dejó el lugar unos minutos antes que el resto, “porque tenía otra reunión en el Senado”. Fuentes cercanas a Bullrich detallaron que se tuvo que ir antes porque “a las 18 tenía Labor Parlamentaria” en el Senado.Una multitud acompañó este martes la cuarta marcha federal convocada por la comunidad universitaria. Docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron hacia la Plaza de Mayo en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. “Milei, cumplí la ley”, decían esta vez los carteles con los que la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario habían copado la Avenida de Mayo.La convocatoria se dio en distintos puntos del país. En la ciudad de Buenos Aires, según cálculos de LA NACION, participaron unas 120.000 personas. Las columnas comenzaron a moverse al mediodía. La Universidad de Buenos Aires (UBA), como siempre, avanzó desde la Plaza Houssay. A las 17 sonó el Himno Nacional. “Patria sí; colonia no”, se alentó luego desde el escenario en la Plaza de Mayo. “Universidad y democracia” rezaban otras banderas en los laterales. Había fuegos artificiales.La multitud que se concentró en Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires y los grupos que colmaron distintas zonas del país para reclamar que se giren los fondos para las universidades no movieron al Gobierno de la postura que sostuvieron sus funcionarios en la previa: negar un ataque directo a ese sector educativo y vincular este tipo de reclamos a espacios políticos opositores a la gestión nacional. Además, distintos funcionarios del oficialismo enfatizaron que buscan auditar lo que llamaron “las cajas”, discutir el arancelamiento y “eficientizar el uso de los recursos”.De momento, en la Casa Rosada esperan la definición de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la ley de financiamiento universitario que salió del Congreso y que el Gobierno no aplicó.